Lo que una vez parecía ser un muro de obstáculos legales que se interponían entre Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca ahora parece ser poco más que una serie de baches en el camino.
Los fiscales que manejan casos desde Georgia hasta Florida y Washington, D.C., están descubriendo que presentar cargos criminales innovadores contra un expresidente es mucho más fácil que llevarlos a juicio.
Pero, hasta ahora, la ola de procesamientos no parece destinada a brindar el tipo de responsabilidad legal que los investigadores de Trump prometieron, ni el golpe político devastador a las perspectivas presidenciales de Trump que ha animado a sus detractores desde que los casos fueron anunciados con gran fanfarria durante un lapso de cinco meses el año pasado.
Eso se debe a que Trump ha beneficiado enormemente de una acumulación de aplazamientos. Después de un par de retrasos esta semana en Georgia y Florida, el escenario más probable para 2024 es que el único juicio al que Trump se enfrentará antes de las elecciones sea el que está en curso en Manhattan: el caso de los pagos de silencio, que muchos abogados consideran el menos grave de los cuatro, tanto en términos de la gravedad de la presunta conducta indebida como en la perspectiva de tiempo en prisión.
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