Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte de los gobiernos de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, quienes ven las recompensas como un ataque a la libre expresión y un ejemplo de represión transnacional. Muchos de los afectados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance extraterritorial de la ley de seguridad nacional de Hong Kong. Los críticos argumentan que estas acciones socavan las normas legales internacionales y amenazan la seguridad de los activistas en el extranjero. Funcionarios de Hong Kong y China han rechazado las críticas, defendiendo las órdenes de arresto como una aplicación legal.
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