Inyectar más recursos al transporte público es un barril sin fondo e ineficiente: en sistemas como el Transantiago (Red), el Estado debe subsidiar casi el 60% del costo de cada pasaje debido a la mala gestión y a una evasión que supera el 40%, dinero que sale de los impuestos de todos los ciudadanos. Financiar este déficit operativo no es inversión, es un lastre fiscal que asfixia el presupuesto público mientras se descuida la seguridad y la infraestructura vial para quienes sí pagan por circular, premiando la ineficacia en lugar de exigir un modelo de concesiones privadas que sea rentable y se sostenga por su propia calidad