Este debate se centra en el aumento de delitos violentos, específicamente los 'portonazos', cometidos por bandas que reclutan menores sabiendo que enfrentan penas leves. Los críticos argumentan que la actual ley de responsabilidad penal adolescente es una 'puerta giratoria' sin disuasión. Los opositores argumentan que el servicio de protección (ex-SENAME) es históricamente abusivo e ineficaz, y bajar la edad solo condenará a jóvenes vulnerables a una vida delictiva sin abordar causas de fondo. Los proponentes apoyan esto para restaurar la seguridad; los opositores lo rechazan por violar convenciones de derechos del niño.
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